EL RESCATE (III) EL RESULTADO FINAL

EL RESCATE BANCARIO III

EL RESULTADO FINAL

El declive de las Cajas de Ahorro tuvo como punto de partida la Ley 31/1985 de 2 de Agosto de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, Ley por la cual Felipe González puso las Cajas en manos de los políticos, convirtiéndolas en la “banca pública” de las CCAA, que las utilizaron para la financiación de macro proyectos, en muchos casos solo para poner de manifiesto la megalomanía de sus promotores. Hasta esas fechas las Cajas se habían limitado, salvo excepciones,  al ámbito provincial y habían centrado su actividad principalmente en los negocios locales, el campo y el pequeño comercio. La industria y el gran comercio estaban en manos de los  siete grandes  Bancos privados de la época, Central, Hispano, Santander, Banesto, Bilbao, Vizcaya y Popular; gran parte de la actividad bancaria del comercio exterior era monopolizada por el Banco Exterior de España.

Con én comenzó el escándalo

La mala gestión de los políticos, que carentes  de formación bancaria se hicieron dueños de los Consejos de Administración, condujo a situaciones en las que los criterios bancarios fueron sustituidos por otros de carácter político y el fin primordial de las Cajas que  era el de atender las necesidades de financiación del pueblo llano, cambió de destinatario siendo a partir de entonces su finalidad la de financiar proyectos políticos de las CCAA y negocios privados de empresarios y especuladores próximos al poder. Tal es el caso del Aeropuerto de Ciudad Real o la millonaria financiación de las viviendas de “El Pocero”.

Con la llegada de la crisis el sistema empezó a resentirse sobre todo por la gran exposición de las Cajas al riesgo inmobiliario. El 29 de Marzo de 2009 se intervino la Caja de Castilla La Mancha para salvarla de la quiebra. El infausto Zapatero no se lo creía pero su Ministro de Economía Pedro Solbes empezó a tenerlo claro y ante la ceguera de su jefe presentó la dimisión al mes siguiente. Apenas transcurrido un año y a pesar de que la sustituta Elena Salgado calificó lo de la CCM como un caso aislado y se mantuvo en la fortaleza del sistema bancario español,  cayó Caja Sur, la Caja del Obispado de Córdoba, poniendo de manifiesto que el sistema estaba corrompido y arruinado. En ambos casos Unicaja se negó a hacerse cargo de las dos Cajas, lo que obligó al Gobierno, con la cómplice colaboración del Gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez, a deshacerse de ellas sin dejarlas quebrar. La primera se vendió a Cajastur en condiciones aun no aclaradas y la segunda, en subasta pública por 350 millones, fue adjudicada a BBK, la Caja vizcaína ahora Kutxabank. 

 

Este fue el primero en caer

Ante la situación creada, Zapatero, Salgado y  MAFO, el trío que más daño ocasionó a la economía española moderna, optaron por favorecer con dinero público las fusiones entre Cajas, sin más criterio que el de la rapidez, sin importar el nivel de saneamiento, la distancia o la zona de influencia. Los varones autonómicos se opusieron a que sus “bancos públicos” salieran de sus manos y promovieron fusiones que resultaron altamente gravosas como las efectuadas en Galicia con Caixa Galicia (La Coruña) y Caixa Nova (Vigo, Orense y Pontevedra), que se convirtió en Nova Caixa Galicia y las llevadas a cabo en Cataluña, donde fusionaron las Cajas de Sabadell, Tarrasa y Manlleu (Unnim) y  Caixa Cataluña, Tarragona y Manresa (Catalunya Bank), todas nacionalizadas posteriormente y vendidas con grandes pérdidas para el erario público.

Desaparecidos de la escena política Zapatero, Salgado y MAFO, el Presidente Rajoy y  ante un proceso de reestructuración del sector, desordenado  y anárquico, aprobó en Febrero de 2012 la Ley de Reforma del Sistema Bancario con la intención de poner orden y disipar las dudas de los foros internacionales. La sorpresa vino de la macro fusión de Bankia, donde habían ido a parar Caja Madrid, Caja Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja y de postre la devastada Bancaja, principal causante de la quiebra que fue evitada con una inyección millonaria que obligó a España a solicitar una ayuda especial para rescatar ésta y otras entidades en igual o parecido estado y que la Troika concedió hasta un montante de 100.000 millones de Euros, de los que se dispuso de menos de la mitad.

Los tres, ciegos de conveniencia

 Las ayudas de la UE para sanear la banca  han ascendido a 592.000 millones de Euros, de los cuales Alemania ha dispuesto de 144.150, Reino Unido de 122.800 y España de 88.140. En España la mayor parte se la llevan las entidades nacionalizadas: Bankia 22.000 millones y las posteriormente vendidas, Catalunya Bank 12.000, Nova Caixa Galicia 9.000 y Banco de Valencia 5.500. El resto con menores cuantías se lo reparten las restantes. Entre los compradores, BBVA se hizo con Unnim por 1 €  y Catalunya Bank por 1.187millones de Euros. Caixa Bank compró Banca Cívica por 977 millones de Euros y Banco de Valencia por 1 €. Banco Sabadell compró la CAM por 1 €. El precio de compra se vería incrementado con el importe de riesgos no cubiertos que pudieran haber sido adjudicados a las entidades compradoras.

La crisis bancaria no fue ajena al resto de países de la UE pero ellos se adelantaron a España a la hora de poner el remedio. No dejaron quebrar a sus entidades y las reflotaron con ayudas millonarias. Visto lo cual, en España y a pesar de que hubiera sido conveniente en algunos casos, no se dejó quebrar a ninguna entidad, socializando el quebranto que ahora nos va a costar a los españoles alrededor de 70.000 millones de Euros. El Fondo de Garantía de Depósitos no alcanzaba a cubrir la totalidad de los ahorros de los impositores (en el caso de las Cajas) y menos con los mínimos impuestos por la UE. La liquidación del sector hubiera dejado arruinados a miles de ahorradores españoles y en la calle a miles de empleados con salarios de clase media alta, lo que confiere al “rescate bancario” un carácter social indiscutible por mucho que ahora se pretenda darle la vuelta. Ciertamente el rescate resultó costoso y buena parte de su importe fue a parar a manos de los equipos directivos que salieron de las fusiones con los bolsillos llenos  a base de jubilaciones de lujo  e indemnizaciones escandalosas ante la indiferencia de Zapatero y Salgado. 

El rescate, aunque a primera vista nos parezca exagerado y se vaya a recuperar muy poco de lo invertido, seguramente habrá sido menos costoso que una quiebra de todo el sistema de Cajas de Ahorro, que hubiera agotado los fondos de garantía de depósitos y de garantía salarial y además hubiera arrastrado en la caída a otras entidades solventes acreedoras de éstas. Creo necesario recordar que el rescate bancario español se hizo para sanear y reestructurar el sector de Cajas de Ahorro. Los grandes bancos españoles ya se habían adelantado años antes; de hecho, los siete grandes de los años ochenta han quedado reducidos a dos, Santander y BBVA, dos Bancos solventes de gran tamaño y con importante presencia internacional. 

La izquierda española siempre trata de meter en el mismo saco a toda la banca, por cuestiones ideológicas y por esconder sus vergüenzas por la responsabilidad en la gestión de las Cajas, de la que la izquierda fue especial protagonista. Lo cierto es que los Bancos y Cajas bien gestionados han sobrevivido a la crisis y han ayudado al sistema haciéndose cargo con beneficios dudosos de las entidades nacionalizadas y vendidas. Santander, BBVA y  La Caixa (ahora Caixabank) son el ejemplo de lo que  afirmo. Los Bancos son entidades privadas donde los accionistas invierten para obtener beneficios de una actividad sometida a las leyes del mercado y a las de carácter nacional e internacional. Las Cajas de Ahorro fueron entidades públicas, que ejercieron su actividad en competencia desleal con el resto de la banca, no tenían que rendir cuentas a nadie, fueron gestionadas por advenedizos de la política no profesionales del sector y a consecuencia de todo ello hubieran quebrado de no ser intervenidas, nacionalizadas o rescatadas. Esa es la gran diferencia.

Si bien el sector ya parece saneado y estabilizado, la crisis aún dura y sus consecuencias se dejan notar a diario. Son muchos los perjudicados por las preferentes que todas las Cajas vendieron como plazos fijos y muchos también los perjudicados por operaciones hipotecarias que en su momento se hicieron y que en condiciones normales de mercado jamás se hubieran realizado. La Ley de Segunda Oportunidad del Gobierno de Rajoy no es ni más ni menos que una serie de parches que tapan unos cuantos agujeros. Los acuerdos extrajudiciales requieren  voluntad por ambas partes; la responsabilidad hipotecaria no se extingue con la entrega de la vivienda; la deuda de los garantes o avalistas perdura igualmente aunque se haya ejecutado la hipoteca y entregada la vivienda; es decir, salvo en ocasiones especiales que requieren el cumplimiento de muchas condiciones, no se podrá exonerar al deudor del pago total de la deuda.

La Ley de Segunda Oportunidad no es suficiente

Lo curioso es que las Leyes no contemplan la posibilidad de que las Entidades Bancarias puedan ser responsables de determinadas operaciones con desenlace fatal. En España lo último que se deja de pagar es la hipoteca. Cuando una familia ha tenido que hacerlo es porque ya no le alcanza para comer. En este sentido, la Lay debería obligar a la banca y a las financieras y fondos que adquirieron carteras de préstamos a renegociar las operaciones que tengan alguna posibilidad de ser viables. Además, antes de que un Juzgado decretase la ejecución de una hipoteca debería estudiar detenidamente el expediente que dio lugar el préstamo y comprobar que la Entidad actuó en todo momento sin salirse del código de buenas prácticas bancarias. Comprobando que la vivienda no estaba sobretasada; que la garantía personal de prestatarios y avalistas estaba justificada con ingresos reales o nóminas legales;  que la capacidad de endeudamiento contraída por el préstamo era asumible por el prestatario en los porcentajes recomendados, que no deben superar un máximo del 40% de los ingresos netos familiares;  que el importe del préstamo no sobrepasara en demasía al de la compra, salvo para los gastos de escrituración, aunque esto ya de por sí constituye una mala práctica; comprobar que la oferta vinculante no esconde nada en letra pequeña y aclara debidamente todos los pormenores de la operación; que en la Notaría se leyó íntegramente la escritura y se explicó al prestatario cualquier duda al respecto. 

Todos estos extremos deberían estudiarse por los Jueces antes de decidir sobre el fin de un préstamo hipotecario, porque en muchas ocasiones el cliente ha comprado lo que la entidad le ha obligado a llevarse y además imponiéndole una serie de productos que atentan por sí mismos contra el equilibrio ingresos/préstamo, este es el caso de la obligatoriedad de suscribir un plan de pensiones con cuota mensual cuando ya la cuota del préstamo está ajustada al límite. Es necesario determinar qué parte de responsabilidad debe asumir la entidad que pretende ejecutar una hipoteca en función de la transparencia, legalidad y ética de la operación. No deben cargarse toda la responsabilidad siempre sobre los prestatarios. En muchos casos ellos fueron las víctimas.