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| La Banca española no tiene alma ni vergüenza |
Que las entidades rescatadas desahucien es una inmoralidad”. Nunca más ciertas estas palabras de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Ya es hora de que la Administración y la sociedad en general se movilicen para buscar soluciones a este cáncer que está destrozando millares de familias. Son ya 395.000 los desahucios producidos en cinco años, batiéndose en Junio pasado el record de desalojos con casi 17.000.
El código de buenas prácticas bancarias que anuncia De Guindos no pasa de ser una iniciativa de buenos propósitos que difícilmente va a ser asumida por la banca, menos aún por la banca en riesgo de quiebra, intervención o rescate.
Desde la década de los noventa hasta el principio de la crisis el asunto de la vivienda fue una locura colectiva. En los años anteriores, solamente las Cajas de Ahorro y la banca pública a través de Caja Postal y Banco Hipotecario atendían el negocio hipotecario de la vivienda para residencia familiar. Los grandes Bancos de esa época no se dedicaban a la banca minorista hasta que el Santander rompió las reglas y se extendió para captar una clientela de clase media asalariara o autónoma.
Desde ese momento la banca en general se lanzó, no sin titubeos, a la captación del cliente con nómina, abriendo el abanico de productos que pudieran vender a la nueva clientela; uno de ellos el préstamo para vivienda. Al mismo tiempo se producían cambios importantes en la sociedad que indujeron al nacimiento y apogeo del “boom” inmobiliario. Los años de bonanza económica y la bajada de los tipos de interés fueron determinantes, de forma que las Cajas, ante la intromisión de los Bancos en este sector casi monopolizado, ampliaron su oferta en el ramo de la construcción, de modo que pudieron acceder a la financiación de terrenos y obras personas hasta el momento ajenas a ese mundo. Las empresas tradicionales de construcción de viviendas tuvieron que competir con advenedizos al negocio, albañiles venidos a más o nuevos ricos, que vieron en la promoción de viviendas un medio de enriquecerse.
A nivel de promotores comenzó la lucha por adquirir terrenos. Los grandes de la construcción se hicieron con la mayor parte del terreno edificable y del que los Ayuntamientos de forma irresponsable fueron calificando. Los pequeños se dedicaron a la compra de solares urbanos, reagrupando edificaciones antiguas y haciendo subir desmesuradamente el precio del suelo. Mientras tanto, en el mundo de la banca se iniciaba la guerra de precios,” la super-hipoteca”, “el hipotecón”, la novación modificativa; todos a captar la nueva hipoteca o a quitársela al vecino, habiendo quien consideraba más cómodo y más seguro esto último, sin necesidad de enfrascarse en un proceso largo de financiación a la construcción. La gente corría de sucursal en sucursal mercadeando con su préstamo; los directores de las mismas se peleaban por mantenerlos y aumentarlos y los notarios mientras tanto se forraban.
El siguiente movimiento fue el de abrir la mano de modo que fueran muy pocos los que no encontraban financiación. Esto ocurrió sobre todo en las Cajas de Ahorro siendo uno de los principales motivos de la ruina actual. A la garantía real de la vivienda se sumaba la garantía personal de los compradores y en numerosos casos la garantía personal o real de avalistas, implicando en muchos casos hasta tres familias en la financiación de una sola vivienda. Poco importaba si los prestatarios carecían de trabajo fijo o no habían invertido una cantidad importante en la compra, a veces ninguna. El caso era prestar como fuera. Si la operación se veía difícil se recurría a los otros actores de este teatro del esperpento, los tasadores. Las sociedades de tasación, unas ajenas y otras propiedad de Cajas y Bancos fueron en parte responsables de este entramado. Si el préstamo no cubría la necesidad del prestatario ya se encargaba el comercial o director de la sucursal bancaria de urgir del tasador una mejor valoración que permitiera cubrir, no solo el 80% del valor de compra, que era lo habitual, sino hasta el 100% de la misma y en muchas ocasiones sumando a esto el importe de los gastos de escritura, registro e impuestos. Tampoco importaba mucho el origen de los compradores y fueron muchas las operaciones formalizadas con extranjeros, sobre todo sudamericanos, cuyas garantías personales se extinguían al adquirir el billete de vuelta.
Como conclusión a todo esto, y no puedo extenderme más, deduzco que las entidades bancarias y sobre todo las Cajas de Ahorro ahora en dificultades, son responsables en parte de las situaciones de impago que se producen. No hay más que comparar el índice de morosidad de quienes actuaron dentro de la ortodoxia bancaria y de quienes se saltaron a la torera principios elementales de la buena práctica bancaria. Por ello, sería necesario que el Gobierno forzara, al menos a las entidades que están en crisis y han solicitado el amparo público, a suspender las ejecuciones y desahucios y buscar otras alternativas que sirvan de puente hasta que la situación económica remonte. Sería igualmente necesario que los jueces, en el análisis de cada operación de desahucio, valorasen la posible negligencia y responsabilidad de las entidades bancarias a la hora de estudiar y aprobar operaciones que ya de principio pudieran parecer dudosas y tomasen en cuenta las cantidades manejadas en la mismas, precio de compra, entrega en “negro”, importe de escrituración y préstamo, tasación, situación real de los solicitantes en ese momento, etc. Préstamo mal dado suele ser mal pagado. Tanta culpa puede tener el que lo pide como quien lo concede.
Paco del Hoyo, "Opinión , El Pueblo de Albacete" 04/11/2012
El código de buenas prácticas bancarias que anuncia De Guindos no pasa de ser una iniciativa de buenos propósitos que difícilmente va a ser asumida por la banca, menos aún por la banca en riesgo de quiebra, intervención o rescate.
Desde la década de los noventa hasta el principio de la crisis el asunto de la vivienda fue una locura colectiva. En los años anteriores, solamente las Cajas de Ahorro y la banca pública a través de Caja Postal y Banco Hipotecario atendían el negocio hipotecario de la vivienda para residencia familiar. Los grandes Bancos de esa época no se dedicaban a la banca minorista hasta que el Santander rompió las reglas y se extendió para captar una clientela de clase media asalariara o autónoma.
Desde ese momento la banca en general se lanzó, no sin titubeos, a la captación del cliente con nómina, abriendo el abanico de productos que pudieran vender a la nueva clientela; uno de ellos el préstamo para vivienda. Al mismo tiempo se producían cambios importantes en la sociedad que indujeron al nacimiento y apogeo del “boom” inmobiliario. Los años de bonanza económica y la bajada de los tipos de interés fueron determinantes, de forma que las Cajas, ante la intromisión de los Bancos en este sector casi monopolizado, ampliaron su oferta en el ramo de la construcción, de modo que pudieron acceder a la financiación de terrenos y obras personas hasta el momento ajenas a ese mundo. Las empresas tradicionales de construcción de viviendas tuvieron que competir con advenedizos al negocio, albañiles venidos a más o nuevos ricos, que vieron en la promoción de viviendas un medio de enriquecerse.
A nivel de promotores comenzó la lucha por adquirir terrenos. Los grandes de la construcción se hicieron con la mayor parte del terreno edificable y del que los Ayuntamientos de forma irresponsable fueron calificando. Los pequeños se dedicaron a la compra de solares urbanos, reagrupando edificaciones antiguas y haciendo subir desmesuradamente el precio del suelo. Mientras tanto, en el mundo de la banca se iniciaba la guerra de precios,” la super-hipoteca”, “el hipotecón”, la novación modificativa; todos a captar la nueva hipoteca o a quitársela al vecino, habiendo quien consideraba más cómodo y más seguro esto último, sin necesidad de enfrascarse en un proceso largo de financiación a la construcción. La gente corría de sucursal en sucursal mercadeando con su préstamo; los directores de las mismas se peleaban por mantenerlos y aumentarlos y los notarios mientras tanto se forraban.
El siguiente movimiento fue el de abrir la mano de modo que fueran muy pocos los que no encontraban financiación. Esto ocurrió sobre todo en las Cajas de Ahorro siendo uno de los principales motivos de la ruina actual. A la garantía real de la vivienda se sumaba la garantía personal de los compradores y en numerosos casos la garantía personal o real de avalistas, implicando en muchos casos hasta tres familias en la financiación de una sola vivienda. Poco importaba si los prestatarios carecían de trabajo fijo o no habían invertido una cantidad importante en la compra, a veces ninguna. El caso era prestar como fuera. Si la operación se veía difícil se recurría a los otros actores de este teatro del esperpento, los tasadores. Las sociedades de tasación, unas ajenas y otras propiedad de Cajas y Bancos fueron en parte responsables de este entramado. Si el préstamo no cubría la necesidad del prestatario ya se encargaba el comercial o director de la sucursal bancaria de urgir del tasador una mejor valoración que permitiera cubrir, no solo el 80% del valor de compra, que era lo habitual, sino hasta el 100% de la misma y en muchas ocasiones sumando a esto el importe de los gastos de escritura, registro e impuestos. Tampoco importaba mucho el origen de los compradores y fueron muchas las operaciones formalizadas con extranjeros, sobre todo sudamericanos, cuyas garantías personales se extinguían al adquirir el billete de vuelta.
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| La mala gestión de las Cajas de Ahorro ha dado lugar a esto |
Como conclusión a todo esto, y no puedo extenderme más, deduzco que las entidades bancarias y sobre todo las Cajas de Ahorro ahora en dificultades, son responsables en parte de las situaciones de impago que se producen. No hay más que comparar el índice de morosidad de quienes actuaron dentro de la ortodoxia bancaria y de quienes se saltaron a la torera principios elementales de la buena práctica bancaria. Por ello, sería necesario que el Gobierno forzara, al menos a las entidades que están en crisis y han solicitado el amparo público, a suspender las ejecuciones y desahucios y buscar otras alternativas que sirvan de puente hasta que la situación económica remonte. Sería igualmente necesario que los jueces, en el análisis de cada operación de desahucio, valorasen la posible negligencia y responsabilidad de las entidades bancarias a la hora de estudiar y aprobar operaciones que ya de principio pudieran parecer dudosas y tomasen en cuenta las cantidades manejadas en la mismas, precio de compra, entrega en “negro”, importe de escrituración y préstamo, tasación, situación real de los solicitantes en ese momento, etc. Préstamo mal dado suele ser mal pagado. Tanta culpa puede tener el que lo pide como quien lo concede.
Paco del Hoyo, "Opinión , El Pueblo de Albacete" 04/11/2012
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