SORAYA Y ELENA, CON ELLAS LLEGÓ EL REMEDIO

A fin el PSOE encuentra un asunto en el que puede llegar a un acuerdo con el Gobierno y además apuntarse el tanto de ser el promotor de la propuesta. Bienvenido sea pues el almuerzo de la Vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría con la Vicesecretaria del PSOE, Elena Valenciano si tras él se sientan las bases de una concienzuda y consensuada reforma y actualización de la legislación en materia hipotecaria.

Sobre la mesa están para estudio medidas preventivas contra nuevos desahucios y otras paliativas para corregir los daños causados a miles de familias. Se pretende hacer una reforma legal para impedir o dificultar los desahucios sobre todo cuando afectan a familias con hijos o ascendientes a su cargo y se le confiere carácter de urgencia para lo cual, la próxima semana se reúnen tres expertos del PP y tres del PSOE para estudiar el asunto y establecer propuestas de solución. El PP prefiere afrontar el problema en profundidad y para ello la Vicepresidenta ya se ha reunido con la Defensora del Pueblo y la Comisión interministerial. Para el PSOE tiene prioridad el corto plazo, frenando los desahucios y ayudando a las familias afectadas con alquileres sociales, al menos por parte de los Bancos que han recibido ayudas estatales. La patronal bancaria también se ha dejado oír y pretendiendo no ser el chivo expiatorio, argumenta la facilidad y oportunidad de situarse a favor de los afectados en contra de la Banca y de la Ley en vigor, por lo que pide calma y seriedad para abordar el tema.

Cierto es que el mercado hipotecario español es bastante estable, con una morosidad anterior a la crisis entre el 0.5% y el 1% y que en los últimos cinco años, a pesar de la misma, apenas llega al 3%. Ello ha permitido que el 83% de las familias sean propietarias de su vivienda habitual, fenómeno típico español donde se impone la cultura de “propiedad igual a seguridad” y “el mejor ahorro la vivienda”. Hasta tal punto esto es así que las familias solicitantes de préstamos personales que no hubieran invertido anteriormente en vivienda, levantaban las sospechas de los analistas de riesgos por considerarlas malgastadoras o poco ahorradoras. Este rasgo cultural unido a la facilidad de optar al préstamo y los tipos de interés a la baja, permitieron o propiciaron que en el quinquenio 2003 a 2007 se firmaran en España cinco millones de hipotecas. Esta estabilidad, propia de un mercado hipotecario bien estructurado, ha permitido a la banca dotarse de financiación, emitiendo títulos hipotecarios que han sido bien acogidos tradicionalmente como garantía por los inversores.

Ya lo he comentado en alguna ocasión, el negocio de los bancos es muy simple; toman dinero prestado de clientes e inversores, a la vista y a plazo, que a su vez prestan a otros clientes a corto, medio y largo plazo. Con los intereses percibidos y las cantidades amortizadas de los préstamos concedidos pagan intereses y devuelven capital a sus acreedores. Cuando los márgenes de este negocio se reducen por razones de mercado, los bancos buscan otros medios para aumentar su cuenta de resultados, para lo cual toman participaciones industriales, gestionan fondos de inversión, entran en el negocio de los seguros, del leaging, renting etc. De la estabilidad y solidez de los activos bancarios se deriva la confianza de los inversores. Si las reglas establecidas y la normativa reguladora son fluctuantes y no aseguran continuidad, pueden ser origen de una irregularidad e inestabilidad en el cumplimiento de las obligaciones por parte de sus deudores y la confianza de los inversores se disipa pudiendo conducir a los bancos a una falta de liquidez que les impida cumplir los compromisos con sus acreedores. De ahí el temor de la AEB que mira con cautela las posibles medidas del Gobierno.

 

Los bancos siempre han dejado claro que ejecutar una hipoteca era el último paso después de haber agotado todas las posibilidades de entendimiento. Los bancos no quieren que se les devuelvan los pisos hipotecados; simplemente pretenden recuperar el dinero que prestaron para adquirirlos con los intereses legalmente convenidos. Para ello se aseguraron de que las garantías aportadas por los prestatarios permitieran hacer frente a los pagos, de forma que a la garantía real del inmueble hipotecado se añadía la garantía personal del prestatario y en su caso también la de garantes o avalistas. La seguridad de garantizar la devolución influía directamente en los precios, permitiendo mantenerlos en niveles que, sin disminuir los márgenes de beneficio, fueran un reclamo atractivo para los peticionarios. La dación en pago, aquella por la que la responsabilidad del prestatario se extingue con la entrega de la vivienda, es habitual en países como Estados Unidos pero nunca lo ha sido en España. Cualquier modificación de la Ley en este sentido supondría un aumento considerable de los tipos de interés al disminuir las garantías de devolución del préstamo. Sí deberían ser objeto de regulación las denominadas “clausulas abusivas”, cuya existencia no se contempla en la legislación española y que han venido formando parte de la negociación propia de cada operación, variando según las condiciones impuestas por un mercado libre en el que nadie se siente obligado a aceptar aquello que no quiere. Otra cosa sería la carencia de información exhaustiva y correcta sobre las condiciones ofertadas así como la obligación del banco de asegurarse de que tal información ha sido recogida y entendida por el demandante. Aquí sí que han pecado los bancos y además descaradamente. De las declaraciones de la abogada de la UE Juliane Kokott, mejor “no comment”.

"Opinión El Pueblo de Albacete". Paco del Hoyo 11/11/2012