ENTRE TODOS LA MATARON… Y EL PSOE, DE OPORTUNISTA

En medio del campo, no importa donde

 Comentaba en mi artículo del pasado domingo que el Gobierno debe forzar al menos a los Bancos y Cajas intervenidos, nacionalizados o rescatados, a que suspendan las ejecuciones de hipotecas y acaben con este bochornoso espectáculo de familias destrozadas por los desahucios. Comentaba también sobre la responsabilidad de las entidades bancarias y de otros actores en operaciones dudosas de límites forzados al máximo.

Por parte de la banca, gestores y analistas aplicando aquello de “yo cumplo hoy mis objetivos y el que venga detrás que arree”. La vista puesta en el corto plazo, que así era la vida de los empleados bancarios, “y si mañana esto sale mal, a saber donde estaré yo”. Responsabilidad también en la falta de información al cliente. No es que se le engañara sino que se le ocultaba parte de la verdad. Se pasaban por alto detalles muy importantes como el suelo y el techo o el plazo de cálculo del Euribor, no se les hablaba de la garantía personal y real y se hacían a menudo promesas verbales de arreglar después esto o lo otro a sabiendas de que no se iba a hacer. “No te preocupes, una vez que pase el primer año vienes y lo arreglamos. Con esto no vas a tener problemas, además, ya nos conocemos y …” .

Toda esta mala práctica bancaria, muy propia de pequeñas y medianas entidades, con un servicio de auditoría relajado y una plantilla de mandos intermedios ambiciosos, condujo a muchos prestatarios mal aconsejados a caer en la trampa del préstamo rápido y barato y la cómoda cuota fácilmente asumible. Muchos de los ahora desahuciados no hubieran contraído la obligación si hubieran estado bien informados por los promotores y mejor aconsejados por los banqueros.

Todos tienen parte de culpa en este “affaire” de las hipotecas. Los promotores y vendedores rozando en muchos casos el límite de la legalidad; ventas fraudulentas, memoria de calidades falseada, áticos ilegales, trasteros transformados en vivienda, viviendas protegidas de “tente mientras cobro”, servidumbres ocultadas a los compradores, firmas colectivas en notaría sin apenas información, impagos de comunidad en pisos sin vender, importantes cantidades “en negro” en viviendas de protección oficial y libres, sociedades liquidadas y desaparecidas una vez vendido el último piso y así una serie innumerable de irregularidades, lo mismo en grandes promociones que en pequeños bloques de barrio.

Los tasadores de sociedades participadas por la banca, en su mayor parte por las Cajas, sirviendo a los intereses del patrón si el menor escrúpulo. Baremos imaginarios con márgenes elásticos, todo al servicio de la operación propuesta. Las sociedades independientes, con la mirada puesta en captar los servicios de este u otro Banco y escondiendo tras la profesionalidad un rastrero servilismo para no perder el cliente.

Compradores conducidos como corderos al matadero. “Con lo que pagas de alquiler te compras el piso”, se les decía, “además, no hace falta que pongas nada, te financian/financiamos el cien por cien y los gastos”, “con que te firmen tus padres es suficiente”, “si tuvieras problemas te pueden/podemos rebajar la cuota”, “en último extremo lo puedes vender y traspasar la hipoteca y aún puedes salir ganando”. Una falta de visión de la realidad pasmosa. Todo castillos en el aire sin más horizonte que el de parecerse al hijo del vecino que aunque está soltero se ha comprado piso. “La mejor forma de ahorrar, en cuanto te des cuenta ya tienes el piso pagado”. ¡Qué error!. Cuantas oportunidades profesionales se han dejado perder por la atadura de tener el piso. Cuanta ruina familiar ha ocasionado el hecho de firmar como garantes solo los padres de uno y no del otro. Cuanto ignorante se ha visto en la calle y en la ruina, pagando hipoteca, mientras su ex mujer compartía el piso con su nueva pareja. Cuanta desinformación y cuanta locura. Ahora todo sale a la luz, las maldades de unos y la ignorancia de otros.

No me quiero dejar sin tocar la falta de ética de algunos notarios que han hecho el agosto gracias al ladrillo; siempre a la orden del promotor que aportaba la operación gorda del terreno, el préstamo a la construcción y la posterior venta con subrogación de hipoteca a los compradores. Los promotores eran los amos de esas notarías y las condiciones y minutas se negociaban, igual que los préstamos, siempre a favor del promotor y olvidados del comprador. El capítulo de firma era en ocasiones vergonzoso. Compradores hacinados en una sala, un notario con semblante grave dando por seguro: “Vds. ya conocen lo que van a firmar porque ya se lo han explicado en la Inmobiliaria y en el Banco …”, “así que les vamos a llamar por orden de apellido (ni siquiera por orden alfabético, por si no lo entendían) y vienen Vds. con el DNI en la mano …” En otros casos, el notario perdiéndose en explicar qué es la responsabilidad del préstamo, algo así de entendible como el misterio de la Santísima Trinidad, en fin, y las fotocopiadoras echando humo sacando escrituras como churros.

Conociendo todo esto y a la vista de la ola de desahucios que está desencadenando la creación del “Banco Malo”, uno se plantea cómo pueden defenderse estas familias y se pregunta: ¿Debe el prestatario pagar todas las consecuencias de una operación fallida?, ¿había recibido y comprendido el prestatario toda la información necesaria? ¿existían clausulas abusivas impuestas por la entidad bancaria? ¿el notario leyó la escritura completa y explicó las posibles dudas? ¿la tasación del inmueble respondía a los precios de mercado del momento y el lugar? ¿Cuál era el porcentaje de cuota sobre los ingresos fijos justificados por los prestatarios?, ¿cómo fue el contrato de compra?, ¿se pueden justificar entregas en “negro”? ¿se ha pagado de más por encima del precio oficial de una VPO?, ¿Cuál es el actual valor de tasación de la vivienda? Etc. etc..

El Gobierno tiene la obligación de poner remedio a este cáncer que amenaza con llevarse por delante a la clase media española. Gobierno, oposición y legisladores deben encontrar las fórmulas para que estas situaciones se solventen sin necesidad de dejar a miles de familias en la calle, bien aplicando una moratoria de algunos años hasta que la crisis toque fondo, bien alargando la vida del préstamo y rebajando cuotas o bien estableciendo unos periodos de carencia de uno o varios años, suspendiendo la amortización de capital; estableciendo como fórmula legal la dación en pago o aplicando un tratamiento diferenciado según la inversión realizada por el comprador/prestatario para no comparar la situación de una familia que aportó una importante cantidad a la compra de la vivienda y además tiene amortizada la mitad del préstamo que la de otra a la que el banco dio el 100% de la vivienda más los gastos.

Los jueces harían bien entrando a estudiar con detalle las demandas de desahucio, analizando en profundidad la concesión del préstamo con las posibles irregularidades habidas en la misma y, dentro de la limitación que impone la obsoleta legislación hipotecaria, aplicar siempre el beneficio a la familia antes que al banco; eso sí, pero teniendo en cuenta que no es oro todo lo que reluce y el asunto de los desahucios tiene sus luces y sus sombras. Decía antes que no es igual la situación de quienes aportaron una parte importante de capital a la compra de la vivienda o de los que han amortizado una gran parte del préstamo, que la de aquellos que no pusieron nada de su bolsillo y por ello nada tienen que defender. Esta práctica estaba muy extendida entre la clientela sudamericana que, incluso y desgraciadamente, han tenido acceso y han negociado con viviendas protegidas en perjuicio de los jóvenes españoles que se han visto sobrepasados en sus derechos por multitud de foráneos. Quienes nada pusieron de su bolsillo poco más aportaron al préstamo, llegando incluso a situaciones curiosas en donde se dejaba de pagar el préstamo a los pocos meses de firmarlo, el banco y los jueces venían tardando, si se trataba de una familia con hijos, alrededor de un par de años en ordenar el desahucio con lo cual, una vez desalojados, habían vivido casi tres años en el piso pagando como si de un alquiler barato se tratara. La garantía personal, como la de los posibles garantes, se extinguía de hecho al adquirir el billete de vuelta a su país.

La gran banca española, Santander, BBVA y alguno más, deberían dar una lección de solidaridad aportando generosidad y soluciones para ayudar a salir del atolladero. De la banca quebrada, intervenida, nacionalizada o rescatada solo cabe esperar la mayor mano dura por parte del Gobierno, condicionando las ayudas a su compromiso con la buena práctica bancaria y estableciendo una línea roja que no puedan traspasar sin su consentimiento. No se puede dar ni un euro más a quienes han contribuido notablemente a la ruina del país. No se pueden rescatar Cajas de Ahorro quebradas con el dinero de todos los españoles. Que vayan a la quiebra y sus responsables si procede a la cárcel pero nunca el bochornoso espectáculo de 395.000 familias en la calle y en cambio 40.000 millones de Euros de todos los españoles para sanear las Cajas.

Es necesario un gran pacto entre Gobierno y Oposición. De nada vale en este momento la maniobra oportunista del PSOE que en boca de Elena Valenciano y Soraya Rodríguez parecen ser los únicos afectados y preocupados por este asunto y proponen ahora soluciones para lo que en siete años no fueron capaces de parar. De los 395.000 desahucios habidos en los últimos cinco años, 300.000 corresponden a la época en que gobernó el PSOE y nadie entonces puso remedio. Ha sido necesario que surjan movimientos populares de apoyo a los desahuciados para que los políticos tomen conciencia de la gravedad del problema. Pero es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de atajar este desmadre y además, como Partido y por respeto a sus militantes, debe dar a la sociedad la imagen real de que la derecha no es ajena a este sufrimiento de tantas familias españolas, como pretende hacer creer la izquierda y urge del Gobierno una pronta y justa solución.

      Paco del Hoyo, Domingo 11/11/2012