Opinión: LA OTRA CRISIS

La otra crisis

 

Insinuaba en mi artículo del 9 de abril que la Constitución que dio origen al Estado actual se redactó pensando en abolir todo rastro de la dictadura, estableciendo para el futuro un modelo de Estado, con algún parecido a otro anterior que ya había fracasado y conducido a los españoles a una guerra fraticida de la que algunos todavía pretenden sacar réditos. Los padres de la Constitución creyeron eterno el compromiso adquirido, sin caer en la cuenta de que el mundo avanza tan deprisa que lo que hoy es fundamental mañana será superfluo. El nuevo Estado constitucional ya nació cojo desde el momento en que los nacionalistas vascos no participaron en el proyecto y no votaron a favor de la Constitución. La deriva nacionalista apoyada en una pésima ley electoral, unida a la debilidad de los gobiernos y la fuerza centrífuga ejercidas por las CCAA han conducido a una situación de debilidad tal que es difícil reconocer en el Estado actual la solidez que le infundieron los constituyentes.

El primer golpe al nuevo Estado lo consumó Felipe González en 1986 cuando cambió el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, poniendo en manos de los Partidos el nombramiento de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, hecho que se repitió posteriormente con el Tribunal Constitucional, poniendo fin a la separación de poderes y colocando al poder judicial a expensas del poder legislativo, dependiente y controlado éste por el poder ejecutivo. La pretensión de Mariano Rajoy de “reconstitucionalizar” el Estado empezando por devolver a los jueces su capacidad de autogobierno ya ha chocado con la oposición de los socialistas que defienden un modelo de Estado cada vez más autocrático.

El nacimiento de las CCAA estuvo sujeto al criterio de intereses políticos y personales hasta el punto de crear comunidades mastodónticas como Castilla/León y Andalucía al tiempo que se constituían siete uniprovinciales y dos ciudades autónomas. Las transferencias hechas por el Gobierno central las ha convertido en diecisiete miniestados en continua competencia por defender más lo que las separa que lo que las une. La falta de control sobre ellas de los órganos del Estado ha propiciado el desastre económico al que asistimos y aún así, Cataluña y Andalucía se niegan a aceptar la política de austeridad impuesta por Mariano Rajoy y reflejada en los P.G.E.. Cataluña amenaza con un referéndum proindependentista. Molins de Rey, Arenys de Munt y Berga declaran insumisión fiscal al Estado. La propuesta de Esperanza Aguirre de adelgazar de competencias a las CCAA dio en el clavo a pesar del revuelo que armó la izquierda y su despliegue mediático. Educación, Sanidad, Justicia, Hacienda y Seguridad Social deben ser asumidas única y exclusivamente por el Estado.

Es necesario redefinir el Estado Autonómico sin CCAA uniprovinciales, eliminando administraciones intermedias como las Diputaciones y Cabildos, fusionando municipios y reduciendo el volumen del aparato administrativo. La Ley Electoral que permite que Amaiur con 333.000 votos tenga los mismos Diputados que UPyD con 1.140.000 o que CIU con un millón de votos tenga cinco Diputados más que IU LV con casi un millón setecientos mil, conduce a una ilógica y falsa representación del electorado a favor de los partidos nacionalistas de implantación no estatal. La ausencia de un partido bisagra que pudiera facilitar la formación de mayorías de gobierno ha trasladado esta facultad a los partidos nacionalistas, que han vendido sus apoyos a cambio de transferencias de competencias y de dinero. La decisión de Zapatero de asumir sin rechistar el estatuto catalán y el despropósito de la decisión del Tribunal Constitucional sentaron las bases para la deriva independentista que ahora amenaza pasándose por el arco del triunfo las decisiones del Tribunal Supremo, amenazando con una consulta independentista, prohibiendo como en el caso de Villafranca del Penedés el uso de la bandera nacional y otras aberraciones más que la izquierda ha apoyado y la derecha consentido. Durante el gobierno de Aznar, ETA estuvo prácticamente liquidada y derrotada. Zapatero les lanzó un balón de oxígeno, negoció con ellos, los protegió y les facilitó un lugar en la política municipal y nacional que les permite financiar el terrorismo con el dinero de todos los españoles. El Tribunal Constitucional cumplió su parte del trato que rematará sin lugar a dudas con la legalización de Sortu. En las elecciones vascas del próximo año, ETA y sus secuaces habrán conquistado todo el poder en el País Vasco gracias a Zapatero y al TC España sufre una crisis económica grave y aunque nadie quiera reconocerlo, sufre una crisis política más grave todavía. La izquierda no cree en España.

Los independentistas tocan ya con la mano su lugar en la UE. La Monarquía, que tantos y tan buenos servicios ha prestado a España, pasa por malos momentos y está siendo acosada y debilitada por unos y por otros. La Constitución ya está siendo renegada públicamente por los separatistas de Más y Urkullu y por la izquierda estalinista de Cayo Lara. El PSOE no acepta haber arruinado a España y en vez de arrimar el hombro se echa al monte como ya hiciera en 1934. La corrupción se extiende por doquier. Los políticos y los jueces son los peor valorados por la sociedad española. La marca España ya no vende y para el próximo mundial de futbol faltan aún dos años. Que Dios nos ampare.

                                                                                   El Pueblo de Albacete 29/04/2012