Para el Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. A lo largo de los años se ha satirizado constantemente con la figura del funcionario con manguito en la oficina siniestra, con los pies sobre la mesa y en periódico en ristre. Sin que esta imagen represente la realidad actual, parte de razón pudo llevar en su momento.
El régimen anterior se dotó de una administración altamente politizada en los primeros tiempos que evolucionó hacia otra con más profesionalidad mediante la oposición libre y el concurso-oposición, no sin el juramento obligatorio de adhesión al régimen. El primer gobierno socialista del nuevo régimen desmontó la estructura administrativa anterior arrinconando la carrera administrativa y primando la designación directa para cargos incluso de niveles ínfimos, no fomentando la competencia entre funcionarios sino la competencia por la militancia y el enchufismo. La politización de la Administración se ha dejado notar más en la autonómica, con Comunidades como Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha donde la ausencia de alternancia en el poder ha propiciado el clientelismo.
La figura del funcionario en la sociedad actual no es bien entendida por el mundo laboral y profesional sometido como nunca a la presión, inseguridad, movilidad y competencia de la nueva sociedad productiva. No acaba de entenderse la relación permanente y sin evaluación continuada del funcionario con la Administración. Menos se entiende la inamovilidad del funcionario, que solamente puede ser amonestado y como mucho suspendido pero impide que pueda ser despedido. A esto achacan el elevado absentismo, falta de estímulo y escasa productividad. Bien es cierto que la imagen que el ciudadano tiene del funcionario se corresponde en mayor parte con el que realiza funciones burocráticas en dependencias públicas, aunque éstos supongan solamente el 22% del colectivo. La gente no asocia la imagen de funcionario con el médico, la enfermera, el policía, el maestro, el profesor universitario, el militar o el juez, cuando son estos colectivos los que completan el 78% del personal funcionario.
Tampoco es fácil de entender el aumento exagerado del colectivo funcionarial, nada menos que un 28% en los últimos diez años, hasta sobrepasar los tres millones y llegar al 22% de la población productiva española. Superada esta media por Extremadura con el 28,9%, Castilla la Mancha con el 24,5% y Andalucía en el 23%, en donde la administración no crece en función de la necesidad de prestar un servicio determinado, sino de acomodar al político cesante o de premiar servicios prestados a la causa. El episodio que describo a continuación es muy conocido en Comunidades Autónomas y en Ayuntamientos:
El político cesante pregunta aquello de ¿Qué hay de lo mío? Y a continuación se pone en marcha el aparato para crearle “el puesto” para el que posteriormente se piensa en “una función” y se remata adjudicándole “una dotación”, presupuestaria y de personal en función de su importancia. El beneficiado, que desconfía de los funcionarios porque los sabe independientes y no sometidos a sus criterios políticos, acaba arrinconándolos y en su lugar nombra secretarios particulares y asesores varios, es decir, comisarios políticos, serviles y correveidiles. Pasado un tiempo, se convoca un concurso oposición restringido, en el que se valora la permanencia en “el puesto” por encima de la antigüedad y el expediente académico, con lo cual el beneficiado, sin competencia alguna, adquiere la condición de funcionario. La fidelidad ha sido recompensada.
La estrategia de mantener interinos y no sacar las plazas a concurso o no convocar oposiciones, es también muy utilizada para dotarse de un personal agradecido y fiel; todo en perjuicio de la verdadera administración independiente. Pero no son solo “Las 3 Marías” las que utilizan este sistema. En la Administración autonómica y en la local es práctica habitual con independencia del gobierno de turno y si éste es de signo nacionalista, ya sin comentarios.
Con los sueldos de los funcionarios la gente también está confundida. Los diputados, senadores, altos cargos, asesores, asistentes y porteadores del botijo se comen la mayor parte del pastel retributivo. El funcionario que te coge el papel en la ventanilla apenas llega a mileurista o ligeramente lo supera y encima es éste el que sufre las broncas, los desprecios, las críticas y las malas formas. Ah, y que no sea objeto de una reclamación o queja que salpique al político porque además arriesga su futuro. La sociedad está equivocada con la administración pública. No se ve al funcionario que cumple con su tarea diariamente y en el anonimato; lo que se ve de la administración son los políticos, altos cargos, liberados sindicales, asesores, tiralevitas y demás gente del trinque y la buena vida. Ellos son la manzana podrida de la administración.
En fin, que esto da para mucho, si alguna vez tengo tiempo escribiré un tratado sobre las buenas y malas prácticas administrativas; ahora de momento y como funcionario que soy, lo que quiero es que alguien limpie, ponga orden y restituya al funcionariado en el lugar que merece.
El Pueblo de Albacete 24/06/2
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