domingo, 17 de junio de 2012

Dos modelos de banca (II)


Comentaba en mi artículo anterior cómo los bancos supieron aprovechar la corriente de fusiones que se venían venir desde EEUU y Europa en la década de los noventa. Para muchos de ellos era un problema de subsistencia. Las familias bancarias, temiendo los efectos de OPAS hostiles provenientes del exterior, decidieron con buen criterio ir apañando fusiones de conveniencia, para las entidades y para sus directivos. Los siete grandes dieron lugar a dos con tamaño suficiente para poder competir en el nuevo mapa bancario internacional.

Mientras tanto, el oasis de paz de las Cajas iba por otros derroteros. Ya durante el régimen anterior las antiguas Cajas de Ahorro y Monte de Piedad sucumbieron al poder político y las de nueva creación, provinciales, comarcales e incluso locales nacieron al amparo del régimen que utilizó la red nacional de oficinas sindicales agrarias para entresacar de ellas a los nuevos directivos y gestores. El Estatuto para las Cajas Generales de Ahorro Popular de 1933 se mantuvo tal cual y en 1947 el Ministro Girón de Velasco consiguió controlar las Cajas desde el Ministerio de Trabajo hasta que diez años después, el 26 de julio de 1957, el Ministerio de Hacienda consiguió el control de las mismas. La obligatoriedad de inversión pública de las Cajas quedó reflejada en el Decreto de Inversión en Fondos Públicos de 1951, por el que se creaba el “coeficiente de inversión obligatoria”, cuna que fue de las desmadradas inversiones en el sector público.

 

Ya en el nuevo régimen, un enjambre de políticos ansiosos de dinero y poder vino a sustituir a los anteriores gestores, que no se fueron descalzos y dio comienzo el reparto del pastel en partes proporcionales a los poderes conseguidos en las urnas. Aquí no hubo buenos ni malos. Todos participaron del negocio, cada uno en lo que pudo. Establecieron exageradas redes de oficinas. Cada pueblo, cada aldea, cada esquina, dando lugar a un desmesurado crecimiento del personal y por consiguiente y sobre todo, del aparato directivo. Los gastos de personal se subieron a las nubes. Un simple cajero cobraba tanto como un director de sucursal en la banca y no digamos de los cargos medios y altos, esos ya se salían de parva. A esto había que añadir clubs privados, complejos veraniegos, competiciones deportivas a nivel nacional hasta para jugar a la taba y un sinfín de gabelas que fueron creando un sector privilegiado de la clase media con aires de grandeza, a la que se accedía por lazos familiares o políticos, dando lugar a una estructura laboral endogámica de hijos, nietos, primos o sobrinos.

 

Del negocio, que decir; al no tener que dar cuenta a nadie de los resultados anuales salvo una memoria al Banco de España, archivada antes que recibida, la inversión en proyectos de carácter político y en el “ladrillo” han sido definitivos para la ruina de CCM, CAM o Bancaja. Solo dos entidades, La Caixa y Caja Madrid, escaparon a tiempo de la inercia inmovilista de los componentes de la CECA. A la vista de los movimientos de fusión en la banca, extendieron sus redes por toda España y comenzaron a anteponer los criterios profesionales y la ortodoxia bancaria a los vaivenes de los políticos de turno aunque sin desligarse de ellos. Formaron a su personal en técnicas de gestión y de venta, establecieron criterios de competitividad incentivando la producción a través de la objetivación. No abusaron de la inversión en la construcción y controlaron mejor la que hicieron. Se convirtieron, en definitiva, en serios competidores de la banca utilizando parecidas armas pero sin el hándicap de tener que presentar cuenta de resultados a los accionistas. La suerte de ambas ha sido muy diferente. La Caixa ha sorteado mejor las presiones políticas del anterior Gobierno y del cesado gobernador del Banco de España mientras Caja Madrid sucumbió a los intereses políticos de ambos y al engaño y tuvo que cargar con una enferma muy enferma, Bancaja, y otras incubando la enfermedad como Caja I. de Canarias, Caja Layetana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.
El resto han ido cayendo una tras otra. De las 45 del año 2009 apenas si queda una docena y en qué estado. Cada fusión ha dejado en la cuneta a decenas de directivos que se han ido de rositas y además forrados hasta el cuello. La falta de legislación sobre el asunto va a hacer muy difícil sentar en el banquillo a directivos como Hernández Moltó y otros muchos, mientras tanto España se endeuda hasta los ojos para salvar lo que por méritos propios debería haber ido a la quiebra. Las entidades nacionalizadas o intervenidas que ya se han vendido, CCM, CAM, Caja Sur y UNNIM, han costado al Estado, es decir a nosotros, la friolera de 13.200 millones de euros, que no vamos a volver a ver. A esto hay que añadir los 45.000 millones necesarios para Bankia y sus acompañantes. Ya se oyen voces que hablan de quiebras ordenadas de alguna de estas entidades, cuyos directivos y el entorno de los mismos se han enriquecido descaradamente. Los españoles nunca entenderemos cómo las Cajas de Ahorro, en manos de políticos y oportunistas, han sido pieza fundamental en la ruina de este país y encima tenemos que pagar por sanearlas y evitar su quiebra mientras los políticos y los gestores se lo llevan crudo y las carcajadas se oyen desde los yates en medio del Mediterráneo.
                              El Pueblo de Albacete 16/06/2012

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