La reforma que el Ministro De Guindos pretende llevar adelante se basa en tres pilares fundamentales: Solución a la crisis inmobiliaria provocada por la desaforada inversión en “el ladrillo”; la reactivación del crédito a particulares y empresas y la reorganización del sistema bancario que dé lugar a un nuevo mapa bancario español.
La crisis financiera la han apadrinado tanto la inversión inmobiliaria como la nefasta gestión de las Cajas de Ahorro y algunos Bancos. De la primera ya comenté el pasado lunes cuales eran las medidas del Gobierno para poner en valor el sector inmobiliario y empezar a vender pisos facilitando el crédito, sin bajar la guardia ante la insolvencia pero actualizando los criterios de análisis de riesgo, teniendo en cuenta la nueva situación del mercado laboral y contemplando la garantía real del bien objeto del préstamo.
Las otras madrinas del entuerto, las Cajas de Ahorro, no han cogido por sorpresa a nadie. Las Cajas a partir de la nueva etapa democrática se convirtieron en objetos de poder, deseados por las formaciones políticas como medios para llevar a cabo sus proyectos. El régimen anterior había dejado una herencia de al menos una Caja por provincia y el nuevo régimen se aplicó con rapidez en introducirse en los órganos de administración de las mismas, promoviendo fusiones y creando un entramado de banca pública no controlada por el Estado salvo lo concerniente al Banco de España. Al final cada Comunidad Autónoma disponía de su/s Caja/s y con ella/s del banco público propio enfocado a satisfacer las necesidades de financiación de los Gobiernos regionales y, como después se ha visto, también de los intereses de los allegados a los mismos. Los nuevos gestores “políticos” han utilizado el dinero de las Cajas para financiar el creciente déficit de las administraciones regionales, provinciales y locales, sin olvidar lo destinado a caprichosos proyectos mastodónticos de escasa necesidad y nula rentabilidad social y económica. Si a esto se añade la masiva participación en el “boom” del ladrillo, ya tenemos las especias necesarias para condimentar la ruina. El dinero prestado al sector público ha sido a precio de saldo y además a sabiendas de la dificultad de reintegrarlo. Algunos Ayuntamientos no han satisfecho ni los vencimientos en periodo de carencia. El destinado al sector inmobiliario igualmente a precio de saldo debido a la feroz competencia y prestado a plazos nunca contemplados anteriormente, pasando de las clásica hipoteca a quince años a la llamada “hipoteca familiar”, que acabarán pagando al cabo de cuarenta años los nietos del prestatario.
Se compra el dinero a corto o medio plazo a los particulares o a los inversores en el mercado y se presta a largo y larguísimo plazo para la adquisición de viviendas. Todo va bien cuando los prestatarios no incurren en morosidad y las amortizaciones y pago de intereses mensuales sirven para retribuir y amortizar los depósitos de particulares e inversores, que a su vez lo reinvierten volviendo a surtir a la entidad de la liquidez necesaria para continuar el negocio. Pero cuando a consecuencia de alguna crisis o inestabilidad social la morosidad hace presencia, dificultando recuperar lo prestado y/o disminuyen los depósitos de particulares, creciendo al mismo tiempo la desconfianza de los mercados, la entidad se queda sin liquidez para devolver lo que le han prestado y mucho menos para volver a dar crédito. De ahí a la quiebra solo un paso.
Al final, aunque compitiendo de forma desleal y con ventaja con el resto de la banca, salvo aquellas Cajas que funcionaron con criterios estrictamente bancarios y se rodearon de directivos profesionales, todas están a punto de iniciar el camino del desguace si el Gobierno no lo remedia. El 30 de Mayo termina el plazo para que aquellas entidades que no puedan provisionar los porcentajes de riesgo inmobiliario determinados por el Gobierno, tendrán que fusionarse con otras o emprender el camino de la quiebra y la subasta.
El Gobierno obligará a que las fusiones supongan al menos un aumento del 10% del volumen de la entidad compradora. Dará un plazo de dos años para sanear sus cuentas a las entidades fusionadas y les ofrecerá préstamos a interés corriente del FROB (fondo de reestructuración ordenada bancaria) y les obligará también a mantener al menos el nivel de crédito que concedieron en 2011. Ha puesto límites a los escandalosos salarios de los directivos en las entidades que han dispuesto de dinero público, Bankia, Banca Cívica, Unicaja/CajaDuero y Banco Mare Nostrum y a las intervenidas y nacionalizadas Novacaixagalicia, Cataluña Caixa, Unnim y Banco de Valencia.
Santander, BBVA, Popular, Caixa Bank y Bankia serán las entidades que capitalicen el proceso de fusiones de forma que a lo largo de este año el mapa bancario español quedará reducido a seis o siete entidades solventes y competitivas.
El Pueblo de Albacete, 13/02/12http://www.pacodelhoyo.blogspot.com/
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