Cuando en alguna familia ocurre alguna desgracia a la que hay que hacer frente con medios propios; cuando un hijo ha resulta ser “un bala” y hay que responder por lo que ha hecho; cuando el padre ha salido malparado de su afición al juego; cuando el negocio ha fracasado; cuando las deudas ahogan sea cual fuere el motivo, el primer recurso del que se echa mano, si lo hay, es el de vender lo que se tiene para tapar los agujeros. Vender para pagar; tan antiguo como el mundo. Pedir para pagar es seguir debiendo, aunque el plazo se alargue, al final hay que responder; es la pescadilla que se muerde la cola.
No entiendo como los que han dejado la región como un barbecho o sus adláteres que también han disfrutado de la cosecha, pueden criticar ahora el que se tome una de las pocas medidas que son posibles, la de enajenar patrimonio.
Lo han gastado todo, lo que había y lo que no. Han pedido crédito endeudándose hasta las cejas hasta que les han cerrado el grifo. Han arruinado una entidad bancaria a fuerza de desviar su negocio típico para atender oscuras operaciones de sospechosa finalidad y dudosa legalidad. Han llevado a la ruina a miles de autónomos y pequeños empresarios, y más y más y más. Ahora se rasgan las vestiduras porque en Fuensalida venden coches y edificios; pues que se armen de paciencia porque seguramente habrá que vender hasta los muebles.
El parque de vehículos es exagerado y el mantenimiento ruinoso por los costes del personal, material e instalaciones. Hay municipios como Yeste y otros de la Sierra que tienen una veintena de coches oficiales y apenas son tres mil habitantes. En los tiempos que corren hay otras formas de disponer de vehículos. La Administración pública se debe gestionar con criterio empresarial y de todos es sabido que las empresas no compran coches ni tienen chóferes. Hacen leasing, renting o cualquier otra modalidad que les permite utilizarlos sin necesidad de mantenerlos, repararlos o reponerlos. Sale más barato y da menos problemas. Una buena gestión en este sentido pasaría por desprenderse de casi todos ellos, a excepción de algunos para máximas autoridades y los vehículos para trabajos muy especiales, ambulancias, bomberos, forestales y pocos más.
Los señores funcionarios que por razones de su trabajo han de desplazarse en coche por el territorio han de desprenderse del chófer oficial y acostumbrarse a conducir ellos. Es cierto que gran parte de los mismos ya lo hace pero aún quedan reductos caciquiles en donde el funcionario, aunque sea del nivel más ínfimo, necesita el coche y el chófer para que al llegar a cualquier lugar le vean descender del vehículo desde el asiento trasero derecho. Bajarse por la puerta de atrás sigue teniendo su importancia.
Con los edificios pasa otro tanto. Sobran muchos en propiedad y muchos más de alquiler y otros muchos que no sobran pero que están poco o mal utilizados. En Albacete concretamente, que no es capital “del reino”, proliferan como hongos los edificios y locales oficiales, de la Administración Central y de la Autonómica, bastante separados unos de otros dificultando en exceso las gestiones de los usuarios. Avda. de España, Simón Abril, Tesifonte Gallego, Calderón de la Barca, Nueva, Alcalde Conangla, Francisco Fontecha, Avda. Estación, Paseo de la Cuba, Alarcón, Iris, Guardia Civil y otras más que me dejo, son las calles por donde se dispersan los servicios administrativos dependientes de Madrid y de Toledo.
Si la Administración, sobre todo la regional, adelgazara digamos que hasta dos o tres tallas menos, que sería lo suyo, y las dependencias fueran más funcionales con más zonas de trabajo comunes y menos despachos, despachitos y antesalas, al final sobrarían edificios; se gastaría menos dinero en mantenimiento y los servicios administrativos estarían más concentrados beneficiando las gestiones de los usuarios. Si toda la infraestructura de la administración pública se gestionara con criterios empresariales, otro gallo nos cantara.
www.pacodelhoyo.blogspot.com (El Pueblo de Albacete, lunes 9 de Enero de 2012)
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