Lunes, 9 de abril de 2012
Por fin han llegado los tan ansiados Presupuestos Generales; los más restrictivos del nuevo régimen y no por capricho precisamente. Mariano Rajoy, como hiciera Franco en los años sesenta, se ha rodeado de un grupo de tecnócratas a los que ha encargado la misión de salvar al menos los muebles de este país en desahucio. A aquél le dio resultado porque nadie le levantaba la voz, todo resultaba más fácil y más efectivo. A diferencia de aquello, el momento actual es mucho más complicado porque son muchos y variados los frentes a combatir. Por un lado, la globalización nos ha convertido en una pieza del tablero de ajedrez, en la que cualquier movimiento nuestro o ajeno influyen en el resultado de la partida. Por otro lado, para el entorno comunitario somos pieza de otro tablero más reducido en el que se juega una partida simultánea y en el que hemos sido de todo, peón, alfil, caballo o torre; de todo menos reina o rey. Estamos obligados a atender a las dos partidas sin perder posición ni categoría. Para colmo de males tenemos en casa unas cuantas termitas (Autonomías, Diputaciones y Municipios) que a punto están de hundirnos la cubierta; unas pocas moscas cojoneras (Partidos, Sindicatos, Colectivos), dispuestas a hurgar en la herida del primer roce que tengamos y algún hijo díscolo que se empeña en vivir a su aire (Andalucía) o amenazando con marcharse (Cataluña y Vascongadas) pero sin dejar de vivir del presupuesto familiar.
Difícil lo tienen Mariano y sus tecnócratas y eso que son lo mejor de lo mejor. A buen seguro que en un plazo no muy largo van a dejar a España como una novia pero la gente está echando de menos y reclamando otras soluciones. ¿De qué sirve corregir el mal si dejamos intactos los agentes que lo producen? Eso es pan para hoy y hambre para mañana
¿Qué país aguanta cinco administraciones con competencias solapadas, Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones, Autonomías y Estado? No hay nada que justifique esta descentralización salvo el ánimo de poder y mangoneo. Cuotas de poder para los Partidos y cargos para sus cuadros. El Gobierno del PP, con un poder que ningún otro ha tenido no puede limitarse a parchear. Tiene que hacer una reforma drástica en la Administración, aún a costa de sacrificar a muchos de los suyos. Sobran la mitad de los Ayuntamientos y la totalidad de las Diputaciones y no es solo una opinión mía, es un clamor popular. Sobran cantidad de asesores, organismos autónomos, empresas públicas. Sobran servicios que solo pueden prestar los países más ricos etc. Reconozco que es muy difícil. El status funcionarial dificulta si no impide la toma de decisiones en este sentido pero a grandes males grandes remedios. Recolocaciones, prejubilaciones, bajas incentivadas; un sacrificio económico de hoy que generará beneficios mañana, una decisión dolorosa hoy de la que nos sentiremos satisfechos mañana.
El adelgazamiento de la Administración debería ir acompañado de cambios en la estructura del Estado. Todo el mundo está convencido de la inutilidad del Senado. El Senado aparte de no servir para nada es una fuente de gasto y de división, amén del esperpento de los traductores en una Nación en la que hay un único idioma oficial y obligatorio y en donde el PP ha dado el cante al no suprimirlos de un plumazo en la primera sesión. Esta concesión del PP a los que promueven la división de España se la tendremos en cuenta dentro de cuatro años. Todo el mundo (cuando hablo de todo el mundo me refiero a los que aún creen en España) piensa que las Comunidades Autónomas han ido demasiado lejos y que hay que reducir algunas de sus competencias y volver a centralizar otras. Las competencias en política exterior corresponden al Gobierno de la Nación, sin embargo hay una red de embajadas autonómicas extendida por el mundo que solo siembran confusión y desprestigio. Las políticas de Educación, Sanidad y Justicia deben ser administradas por el Estado con unidad de criterio y uniformidad de contenido. El PP no debe dejar pasar por alto estas cuestiones porque también se las tendremos en cuenta dentro de cuatro años.
Cuando se redactó la Constitución se pensó más en ir contra lo establecido por el franquismo que a favor de establecer un modelo de estado moderno que fuera gobernable. Lo que entonces se aprobó hoy en gran parte no sirve. La Ley electoral es en sí misma una injusticia al permitir que cuatro sumen más que veinte y convierte a España en un país ingobernable, de mercadeo político, donde no puede hacerse ninguna política de Estado porque éste solo existe de forma virtual.
Lástima que todo esto no sea posible sin el consenso de la oposición. Por desgracia tenemos una izquierda que no cree en España y unos nacionalistas separatistas cada día con más poder a consecuencia de lo anterior. Ninguno de los dos estaría interesado en una profunda reforma del Estado pero es en el PSOE donde recae la responsabilidad de acceder o no a ella; al fin y al cabo unidos los dos partidos mayoritarios contarían con la mayoría suficiente para acometerla.
pacodelhoyo.blogspot.com 
No hay comentarios:
Publicar un comentario