ESTADO DEMOCRÁTICO, ÉXITO Y FRACASO
Gustan los podemitas de llamar "Régimen del 78" al Estado surgido tras la Constitución de ese mismo año
en su intento de devaluar al Estado democrático haciéndolo heredero y copia del
Régimen dictatorial precedente. La Constitución proclama que España se
constituye en un Estado social y democrático de derecho y que la forma política
del estado es la Monarquía parlamentaria. En nada se parece al anterior régimen
y sí mucho a otros anteriores a ese que fracasaron estrepitosamente.
Cosa distinta es que el nuevo Estado en su creación heredara
complejos y miedos de quienes le dieron forma y naciera disminuido y con
numerosos defectos físicos, que con el tiempo han ido acrecentándose hasta el
punto de haber provocado la posible mutilación del mismo. Ya comenzó haciendo
concesiones a las llamadas “Comunidades históricas” cuya razón de ser no era
otra que el haber conseguido unos estatutos de autonomía durante la segunda
República y de las que el profesor Jiménez de Parga luego Presidente del Tribunal
Constitucional dijera aquello de que “en el año 1000 en Andalucía, en Granada,
existían fuentes y manantiales mientras que en las tres autonomías
"históricas" (Cataluña, Galicia y Euskadi) no se lavaban ni los fines
de semana”.
La Constitución favoreció al nacionalismo vasco regalándole
el derecho de anexionarse Navarra, a lo cual respondieron no votándola. A
vascos y navarros se les mantuvieron privilegios del antiguo régimen a pesar de
que en el Artº. 138.2 dice que "Las diferencias entre los Estatutos de las
distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios
económicos o sociales". Favoreció igualmente una fragmentación atípica
rompiendo los moldes utilizados para la antigua división territorial y de ahí
surgieron Comunidades Autónomas uniprovinciales y ciudades autónomas,
innecesarias todas y consecuencia de que el caciquismo provinciano aprovechó
para pescar en rio revuelto.
La Ley electoral española puede considerarse como la más
injusta de sus homólogas en países democráticos, donde un escaño por Madrid
cuesta en votos diez veces lo que otro en Soria o que un puñado de votos
nacionalistas obtengan más representación que otros de implantación nacional
con dobles o triples resultados. Al bipartidismo reinante durante casi cuarenta
años le ha venido bien el sistema y en los momentos de apuros ha echado mano de
los nacionalistas con el mercadeo y resultados ya conocidos, de tal forma que
la corrupción del sistema y de las personas se ha ido extendiendo como la
pólvora, a nivel estatal y regional, con el consiguiente escándalo y pérdida de
confianza de los ciudadanos.
La transferencia de competencias a las CCAA ha adelgazado
tanto al Estado que en alguna de ellas la presencia del mismo es imperceptible.
Materias tan importantes como educación, sanidad , justicia y policía jamás debieron ser transferidas a los reinos
de taifas, que se han convertido en mini estados en los que incumplir las leyes
estatales sale barato y donde proliferan legislaciones tan dispares en materias iguales que roza lo
esperpéntico, cuando por ejemplo se ve que en una CCAA el sistema público de
salud no contempla sacarte una muela pero sí en otra un cambio de sexo.
Este Estado de Derecho que el Gobierno se afana en proclamar
como vencedor contra quienes pretenden destruirlo, no es sino un Estado en el
que la corrupción es endémica, donde la ley se aplica con criterios de
subjetividad o conveniencia política, véase la evolución de los casos que afectan a los tribunales andaluces y catalanes donde
los mangantes de los ERE y el clan Pujol
al final se irán de rositas. Un Estado de ladrones de guante blanco donde la
justicia apenas llega a uno entre mil. Un Estado donde se persigue a la gente
por no hablar un idioma; donde un catalán puede optar a un puesto público en
toda España y uno de Almería no puede hacer lo mismo en Cataluña. Un Estado
devorado por la voracidad insaciable de las CCAA cargadas de miles de
chupópteros políticos y funcionariales.
Un Estado que en su debilidad y la de sus Gobiernos ha permitido que la
solidaridad interregional casi desaparezca, donde a la sombra de favores
políticos se ha ido tejiendo un entramado independentista que ahora pone en
grave peligro la continuidad del mismo. Un Estado en el que no es posible
acometer proyectos de interés
nacional, embalses, ferrocarriles,
centrales nucleares, trasvases de agua entre cuencas etc. sin tener que sufrir la oposición sistemática
de los taifas regionales. Un Estado en el que para cazar o pescar hacen falta
diecisiete licencias diferentes; donde para construir, crear una empresa o
heredar de tus padres hay diecisiete legislaciones distintas y otros tantos
impuestos diferentes. Un Estado donde sus representantes en el exterior se tiran
los trastos a la cabeza en lugar de hacer causa común frente a los
competidores. Un Estado en el que se atenta contra los valores culturales y religiosos con total
impunidad e incluso promovidos y financiados con dinero público. Un Estado
donde una parte de sus ciudadanos aún siguen pensando en la revancha por
aquella guerra perdida que ya tenía que estar olvidada. Un Estado en definitiva
fracasado, viejo, ruinoso e injusto, en el que solo se ha aprobado por la
mínima el aspecto económico y ha suspendido en todas las materias de carácter
político.
De los movimientos regeneracionistas o renovadores que ahora
están de moda poco es lo que puede esperarse porque poca es la garantía que
ofrecen. De los podemitas que hablaba al principio solo cabe esperar que sigan
en el intento de destruir el Estado, el “régimen del 78” como gustan llamar. De
los beneficiarios del bipartidismo bastante tienen los unos en curar las heridas producidas por los salteadores de
caminos que militaban en sus filas y los otros el mismo bálsamo, al que añadir
además la necesidad de aclararse sobre
lo que entienden por España y cómo gobernarla sin seguir generando odio. Para los inmaculados recién llegados,
no han tocado poder y ya hacen trampas para financiarse y vista la procedencia
de los que nutren sus filas, a poco que toquen algo ya veremos. En cuanto a la
judicatura, mientras el Gobierno intervenga en ciertos nombramientos, los
jueces y fiscales se agrupen en asociaciones de tinte político y no se les
prohíba el desfile mediático al que algunos son tan aficionados, poco cabe
esperar de la misma salvo desconfianza.
Rajoy podrá proclamar a los cuatro vientos la fuerza y las virtudes del Estado de Derecho, que las
tiene, pero cuando habla de los éxitos conseguidos por el nuevo Estado que les
pregunte a familias castellano parlantes residentes en Gerona o Lérida o a las
familias de los servidores del Estado
destinados en Alsasua, allí encontrará la respuesta. El Estado dice Rajoy
ha derrotado al independentismo, el
mismo que el Estado contribuyó a fomentar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario